Cuando el calor golpea con fuerza el centro y sur de Chile, el aire se vuelve seco, las hojas crujen bajo los pies y basta una chispa —una colilla, un cable en mal estado, una quema mal controlada— para que un cerro entero arda en cuestión de minutos. Las imágenes se repiten cada verano: bomberos exhaustos, familias mirando sus casas reducidas a cenizas, y un país entero preguntándose cómo pudo pasar otra vez.
Pero detrás del fuego, del humo y de las lágrimas, hay una pregunta más profunda que pocas veces llega a los titulares: ¿hay responsabilidad penal cuando un incendio o derrumbe no fue provocado directamente, pero sí por descuido? En muchos casos, la respuesta es sí. Y ahí entra en escena una figura legal que cada vez suena más en los tribunales: el cuasidelito.
1. Cuando el descuido se convierte en delito
En el lenguaje jurídico chileno, el cuasidelito describe aquellos actos donde el daño no se produjo por mala intención, sino por negligencia, imprudencia o falta de precaución.
No se quiso causar un daño, pero se pudo prever y evitar. Y eso, ante la ley, también importa.
El Código Penal chileno —en sus artículos 490 y 492— lo deja claro: hay responsabilidad cuando una persona, empresa o institución omite una acción necesaria para prevenir un daño, especialmente si ese daño implica pérdida de vidas, lesiones o destrucción de bienes.
En palabras simples: no hacer nada también puede ser un delito.
2. Chile: un país donde la naturaleza no perdona los descuidos
Nuestro territorio es hermoso, pero brutalmente frágil.
La combinación de sequías, pendientes pronunciadas y urbanización rápida ha convertido a Chile en un país donde un error humano puede amplificar una catástrofe natural.
En verano, los incendios forestales. En invierno, los deslizamientos de tierra y los derrumbes.
Según datos de CONAF (2024), el 99% de los incendios forestales en Chile tiene origen humano, y al menos el 60% está asociado a negligencias evitables: basura ardiendo, cables eléctricos defectuosos o falta de mantenimiento de cortafuegos.
Los tribunales ya han sancionado casos bajo la figura de cuasidelito.
Uno de los más recordados ocurrió en la Región del Maule, donde un propietario fue condenado por no limpiar su predio antes de la temporada estival. El fuego se propagó hacia las casas vecinas, y su omisión bastó para configurar un cuasidelito de incendio.
“Hay un antes y un después en cómo la justicia está entendiendo estos casos”, comenta el abogado ambientalista Luis Paredes, quien ha seguido varias causas similares.
“Ya no basta con decir ‘no fue mi culpa’. Si había una obligación de prevenir y no se cumplió, hay responsabilidad penal”.
3. Cuando la omisión cuesta vidas
El problema no es solo rural. En zonas urbanas también abundan los ejemplos: edificios con cableado antiguo, bodegas que acumulan materiales inflamables, techos que colapsan tras lluvias intensas.
Son historias que suelen terminar con titulares trágicos y demandas cruzadas.
En 2022, una empresa en la Región Metropolitana fue formalizada por un incendio industrial que afectó a tres manzanas. La investigación determinó que no se habían realizado las mantenciones eléctricas obligatorias desde hacía dos años. El fuego comenzó en un tablero oxidado. Resultado: pérdidas millonarias, seis heridos y una causa judicial por cuasidelito de incendio.
“No fue mala suerte, fue descuido”, declaró entonces un funcionario de Bomberos de Maipú.
Una frase que resume el drama de cientos de casos similares.
4. Prevenir es la diferencia entre un susto y una tragedia
La prevención no es un lujo. Es una obligación.
Y en Chile, donde los desastres naturales son parte del paisaje, esa obligación pesa aún más.
El mantenimiento periódico de instalaciones eléctricas, la poda de vegetación seca, la revisión de techumbres o la limpieza de quebradas no son simples tareas domésticas: son medidas legales de prevención.
No cumplirlas puede generar responsabilidad civil e incluso penal, si de esa omisión resulta un daño a terceros.
En comunas con alta exposición a incendios, como Valparaíso, Quilpué o San José de Maipo, los municipios han comenzado a fiscalizar activamente los planes de prevención. Sin embargo, la carga no recae solo en las autoridades: cada propietario, empresa o comunidad tiene deberes que cumplir.
5. La tecnología: una aliada que salva más que propiedades
Hoy, la prevención también tiene rostro digital. Los sensores de humo, alarmas inteligentes, detectores de gas o sistemas automatizados de monitoreo permiten anticiparse a una emergencia antes de que sea demasiado tarde.
Según la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD, 2024), las viviendas equipadas con alarmas de detección temprana reducen en 65% el riesgo de incendios severos.
No es casualidad que el mercado de alarmas y monitoreo haya crecido un 30% en los últimos dos años, impulsado por el miedo a los siniestros y por la conciencia de que la tecnología también protege vidas.
El blog Alarmas inteligentes en las 100 comunas más peligrosas de Chile: protección para hogares y negocios profundiza en cómo estos sistemas ya no solo sirven para prevenir robos, sino que actúan como barreras contra incendios y accidentes domésticos, detectando humo o altas temperaturas en segundos.
“Un pitido a tiempo puede ser la diferencia entre una emergencia controlada y una pérdida total”, señala Marcela Godoy, técnica en sistemas de seguridad en la comuna de Peñaflor. “La tecnología no reemplaza la responsabilidad humana, pero sí te recuerda que estás a tiempo de actuar.”
6. Cuasidelito empresarial: el riesgo de no tener un plan
Las empresas son especialmente vulnerables.
Un incendio en una planta industrial o un derrumbe en una faena no solo causa pérdidas económicas, sino también procesos judiciales que pueden durar años.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha multado a compañías por no contar con planes de contingencia ni mantenimiento en equipos eléctricos. En algunos casos, cuando la falta de prevención generó daños a personas o ecosistemas, se han iniciado investigaciones por cuasidelito de incendio o de lesiones.
El ingeniero en prevención Rodrigo Cifuentes lo explica sin rodeos:
“Hay empresas que creen que el plan de emergencia es un documento en un cajón. Pero si no se entrena, no se ejecuta, y ocurre un accidente, el papel no sirve para nada. La negligencia también se mide en lo que no se hizo.”
7. Comunas en riesgo permanente
Chile tiene comunas especialmente vulnerables a incendios y deslizamientos. Según ONEMI (2024), las más expuestas son Valparaíso, Viña del Mar, San Pedro de la Paz, Coyhaique, Peñalolén y La Florida.
Las causas se repiten: urbanización sin planificación, construcciones en pendientes y deficiente manejo de la vegetación.
Solo en Valparaíso, los incendios de 2024 destruyeron más de 15.000 hectáreas y dejaron alrededor de 1.200 viviendas afectadas. En el Biobío, los aluviones del mismo año provocaron tres muertes y más de 400 damnificados (fuente: ONEMI, Informe de Emergencias 2024).
En varios de esos casos, la Fiscalía abrió investigaciones para determinar responsabilidades humanas, evaluando si hubo omisión o fallas de mantenimiento. Es decir, posibles cuasidelitos.
8. La responsabilidad también es colectiva
La gestión del riesgo no es tarea exclusiva del Estado.
Los municipios deben limpiar quebradas, fiscalizar construcciones y educar a la comunidad, pero los vecinos también tienen un rol irrenunciable: mantener sus terrenos, denunciar riesgos y actuar preventivamente.
La ley chilena permite incluso imputar a autoridades o funcionarios cuando su omisión favorece un siniestro. En 2021, un tribunal de Valparaíso sancionó a un jefe municipal por no ejecutar a tiempo un plan de limpieza de canales que, tras una lluvia intensa, terminó con un desborde fatal.
El mensaje es claro: la prevención no es una opción, es una obligación compartida.
9. Educación para evitar la tragedia
Un estudio de la Universidad de Chile (2023) reveló que solo el 28% de los hogares del país conoce los protocolos comunales ante incendios o derrumbes.
Esa falta de información es, muchas veces, el primer paso hacia el desastre.
Iniciativas como talleres vecinales, capacitaciones escolares o simulacros comunitarios han demostrado que una población informada reduce en un 40% la probabilidad de accidentes con consecuencias graves, según la Agencia Nacional de Emergencias.
Educar es prevenir.
Y prevenir, en este contexto, significa evitar que la negligencia se convierta en un cuasidelito.
10. Conclusión: la prevención también es justicia
En Chile, la naturaleza no perdona los descuidos, y la ley tampoco.
El cuasidelito es una advertencia jurídica, pero también una lección ética: la responsabilidad no empieza cuando ocurre el daño, sino mucho antes.
Las alarmas inteligentes, la mantención preventiva y la educación comunitaria no son lujos, son herramientas para vivir con seguridad.
Como bien señala el blog Alarmas inteligentes en las 100 comunas más peligrosas de Chile: protección para hogares y negocios, la tecnología es una extensión de la responsabilidad humana: no reemplaza la conciencia, la despierta.
Y en un país que aprende a convivir con el fuego, la lluvia y la tierra que tiembla, esa conciencia puede ser la línea que separa la prevención de la tragedia.
