En Lo Espejo, un grupo de vecinas organiza un patrullaje nocturno apoyado por Carabineros. En Cerro Navia, los comercios instalan botones de pánico conectados directamente con la central municipal. En Puente Alto, una red de WhatsApp vecinal activa las alertas ante cualquier ruido sospechoso.
Son escenas cotidianas que reflejan cómo, en las zonas rojas de Chile, la seguridad se ha convertido en una tarea compartida entre el Estado y la ciudadanía.
En un país donde la percepción de inseguridad ha alcanzado su punto más alto en la última década —según la Fundación Paz Ciudadana (2024), el 86% de los chilenos cree que la delincuencia ha aumentado—, los programas públicos y las iniciativas comunitarias están rediseñando la forma en que se enfrenta el riesgo urbano.
La Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) ha identificado más de 100 comunas críticas en todo Chile, clasificadas como de “alta complejidad delictual”. En ellas, las estrategias estatales ya no se limitan a la vigilancia, sino que apuntan a la prevención activa, la participación ciudadana y la tecnología aplicada a la seguridad.
1. El mapa del riesgo: cómo se definen las zonas rojas
El concepto de zonas rojas ha dejado de ser una expresión coloquial. Hoy forma parte del lenguaje técnico de la seguridad pública. La SPD, en su Informe de Seguridad Comunal 2024, detalla que estas áreas se determinan combinando tres variables principales:
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Tasa de delitos violentos (robos con violencia, homicidios, tráfico).
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Percepción de inseguridad, medida por encuestas locales.
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Capacidad institucional de respuesta, que incluye recursos policiales, infraestructura y articulación municipal.
De acuerdo con los datos más recientes, comunas como Puente Alto, San Bernardo, Recoleta, Estación Central y Lo Prado concentran los mayores indicadores de riesgo en la Región Metropolitana. En regiones, destacan Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y Concepción, donde el aumento del crimen organizado ha tensionado la capacidad de control estatal.
“Las zonas rojas no solo reflejan delitos, sino desigualdad. Son territorios donde la ausencia del Estado ha sido reemplazada por la organización vecinal”, señala Lucía Ramos, investigadora de la Fundación Paz Ciudadana.
2. Programas de intervención estatal: más prevención, menos reacción
Durante los últimos cinco años, el Estado ha impulsado una transformación profunda en su enfoque de seguridad. La meta: pasar de la reacción policial a la prevención integral.
Entre las iniciativas más destacadas se encuentran:
2.1. Programa de Barrios Prioritarios
Implementado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, este plan focaliza recursos en los territorios con mayor concentración de delitos violentos.
Cada barrio cuenta con un diagnóstico comunitario, mesas de trabajo interinstitucionales y una red de apoyo vecinal.
Según el último informe del Ministerio del Interior (2024), los barrios priorizados registraron una reducción promedio del 28% en delitos de robo con violencia durante su primer año de ejecución.
2.2. Sistema Nacional de Televigilancia
En colaboración con municipios y empresas privadas, el sistema busca mejorar la cobertura de cámaras en zonas críticas.
Pero más que instalar dispositivos, el programa busca integrar inteligencia analítica y conectar los sistemas municipales con los de Carabineros y la PDI.
Así lo explica Carla Santibáñez, coordinadora técnica de la SPD:
“No basta con ver, hay que interpretar. Los sistemas de monitoreo predictivo permiten anticipar movimientos sospechosos y coordinar respuestas más rápidas.”
2.3. Fondos concursables de seguridad pública
Estos fondos permiten que juntas de vecinos, corporaciones y fundaciones postulen proyectos de alarmas comunitarias, iluminación, señalética y recuperación de espacios públicos.
Durante 2023, se financiaron más de 2.300 iniciativas ciudadanas en todo el país, según cifras oficiales.
3. Tecnología ciudadana: alarmas y participación digital
En comunas donde la respuesta policial es limitada, las herramientas tecnológicas han permitido acortar distancias.
Las alarmas comunitarias, los botones de pánico y las plataformas vecinales son hoy pilares en la prevención local.
En este punto, resulta clave recordar lo planteado en el blog Alarmas inteligentes en las 100 comunas más peligrosas de Chile: protección para hogares y negocios, donde se destaca que las nuevas soluciones tecnológicas no solo protegen propiedades, sino que fortalecen la comunicación entre vecinos, municipios y policías, creando redes de alerta temprana efectivas.
La tendencia va más allá de lo doméstico: hoy los municipios están adoptando plataformas interactivas que permiten a los ciudadanos reportar incidentes en tiempo real, geolocalizarlos y recibir respuestas coordinadas.
El resultado es un modelo híbrido de vigilancia donde el ciudadano ya no es un espectador, sino un actor activo.
4. Zonas rojas y cultura de prevención: el rol de la comunidad organizada
En las zonas rojas, la seguridad no puede ser impuesta desde fuera. La experiencia demuestra que los programas más exitosos son los que nacen desde la comunidad.
En La Pintana, por ejemplo, la iniciativa “Vecinos Conectados” reúne a más de 400 hogares bajo un sistema integrado de alarmas y cámaras administradas por los propios residentes.
El municipio provee el soporte técnico, mientras que los vecinos se turnan para supervisar la plataforma.
“Nos dimos cuenta de que no bastaba con esperar a Carabineros. La prevención empieza en casa”, comenta María Elena Guzmán, dirigenta vecinal.
La iniciativa ha sido replicada en comunas como Quilicura y San Joaquín, reduciendo los intentos de robo en más de un 35% durante el primer año (SPD, Informe 2024).
Este modelo colaborativo también ha sido impulsado por la Fundación Paz Ciudadana, que promueve la co-producción de seguridad, es decir, la participación activa de la ciudadanía en el diseño y evaluación de las políticas locales.
5. Transparencia, datos y confianza: los nuevos pilares del control ciudadano
Uno de los grandes desafíos del Estado ha sido recuperar la confianza de las comunidades en los sistemas de vigilancia.
Durante años, la opacidad en el uso de recursos y la falta de información pública debilitaron la legitimidad de las políticas de seguridad.
Por eso, en 2023 se lanzó la Plataforma de Transparencia en Seguridad Pública, que permite consultar los montos invertidos en cámaras, patrullajes y programas preventivos en cada comuna.
“Una comunidad informada es una comunidad más segura”, afirma Patricio Muñoz, asesor del Ministerio del Interior.
Según la misma fuente, las comunas que implementaron mecanismos de transparencia y rendición pública de cuentas registraron una mayor participación en redes vecinales (52%) y un descenso en la percepción de abandono estatal.
6. Coordinación público-privada: el eslabón que faltaba
El control territorial en zonas rojas no puede depender solo del Estado.
Empresas de seguridad privada, constructoras, juntas de vecinos y fundaciones han comenzado a articular un ecosistema preventivo más amplio.
En sectores industriales de Quilicura y San Bernardo, las empresas han instalado sistemas de alarma y vigilancia conjunta, compartiendo alertas con la policía y los vecinos.
Un ejemplo de este modelo colaborativo se analiza en el artículo ¿Qué hacer tras un robo si no tienes cámaras de seguridad?, donde se explica cómo la ausencia de control tecnológico incrementa el riesgo en comunidades y parques industriales.
Esta cooperación público-privada no solo mejora la capacidad de reacción, sino que también promueve una cultura de corresponsabilidad, donde todos los actores —estatales, privados y ciudadanos— comparten el mismo objetivo: reducir la vulnerabilidad del entorno.
7. El desafío pendiente: rehabilitar y recuperar los espacios públicos
Más allá de la vigilancia, los expertos coinciden en que la recuperación urbana es esencial para transformar las zonas rojas.
Calles limpias, iluminación adecuada y espacios recreativos reducen la percepción de abandono y disuaden el delito.
Según la Fundación Paz Ciudadana (2024), cada peso invertido en mejoramiento urbano puede generar un retorno social equivalente a tres veces su costo, al reducir la tasa de delitos y aumentar la cohesión comunitaria.
“Un espacio cuidado es una señal de presencia”, explica Rodrigo Saavedra, arquitecto y consultor en diseño urbano seguro.
“Las cámaras y alarmas son necesarias, pero el entorno físico también comunica si un barrio está protegido o abandonado.”
8. Mirando hacia adelante: una seguridad más humana e inteligente
La estrategia de seguridad en Chile está migrando hacia un modelo de inteligencia preventiva con rostro humano.
No se trata solo de más patrullas o cámaras, sino de integrar información, empatía y participación social en la toma de decisiones.
El desafío es construir una seguridad que no divida, sino que involucre a todos los actores del territorio.
Las comunas clasificadas como zonas rojas no deben ser vistas como focos de peligro, sino como laboratorios donde se ensayan los nuevos modelos de colaboración entre Estado y ciudadanía.
Conclusión: una nueva alianza para la seguridad
El futuro de la seguridad en Chile se juega en los territorios más vulnerables.
La combinación de políticas públicas, innovación tecnológica y compromiso ciudadano está demostrando que el miedo no tiene por qué ser la norma.
Las zonas rojas pueden convertirse en zonas de oportunidad, si la sociedad asume que la seguridad no es un privilegio, sino un derecho compartido.
En palabras de Lucía Ramos, de la Fundación Paz Ciudadana:
“La verdadera prevención comienza cuando la gente deja de esperar soluciones externas y empieza a construir su propia protección con el Estado como aliado, no como espectador.”
