A veces la vida da un giro inesperado, un error, una mala decisión, una influencia equivocada, y de pronto un adolescente termina involucrado en un robo. No es una situación fácil, ni para la familia, ni para el menor, ni para el sistema. Pero lo cierto es que cuando esto ocurre, no todo es castigo. También hay normas que lo protegen, y es importante conocerlas.
Muchas veces, por desconocimiento, se cree que a los menores no se les puede tocar ni sancionar. O al revés: que deberían ser tratados como adultos. Pero la realidad está en el medio. En Chile, existe una legislación que reconoce la capacidad de responsabilidad penal de los adolescentes, pero bajo condiciones muy distintas a las de los adultos.
Este artículo busca explicar con claridad, y sin lenguaje técnico, qué pasa cuando un menor es acusado de un robo. ¿Desde qué edad se puede imputar? ¿Quién lo defiende? ¿Lo pueden llevar a prisión? ¿Qué pasa con la familia? Todo eso, lo respondemos aquí, paso a paso.
¿Qué dice la ley chilena sobre los menores que cometen delitos?
Desde hace años, Chile cuenta con una ley específica para adolescentes que cometen delitos. Se llama Ley N.º 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente, y se aplica a jóvenes que tienen entre 14 y 17 años. Es decir, un menor de 13 no puede ser juzgado penalmente, aunque haya participado en un delito.
¿Y qué hace esta ley? Básicamente, establece un sistema distinto. El foco no está solo en sancionar, sino también en reeducar, contener y prevenir que vuelva a pasar. El castigo existe, pero siempre debe considerar la edad, el entorno, la historia del joven.
No es lo mismo un adolescente que actúa por necesidad y sin antecedentes, que otro con una trayectoria delictual larga. La ley exige que cada caso se mire de forma particular. Esa es la lógica: responsabilidad sí, pero con humanidad.
Edad mínima para ser imputado: ¿desde cuándo un menor puede ser acusado?
Este punto es clave. En Chile, nadie menor de 14 años puede ser imputado penalmente. Aunque el delito sea grave, aunque haya pruebas claras, si el adolescente tiene 13 o menos, no puede ser formalizado ni ir a juicio.
¿Qué se hace entonces? La situación pasa a ser competencia del tribunal de familia. Se evalúa si hay condiciones de vulneración, y se puede derivar a programas de protección, pero no hay proceso penal ni condena.
Distinto es el caso de los adolescentes entre 14 y 17 años. A ellos sí se les puede abrir una investigación penal, formalizar y aplicar sanciones. Pero, como dijimos antes, bajo una lógica educativa y diferenciada.
El rol del fiscal en casos de menores involucrados en robos
Cuando un joven es detenido o denunciado por robo, entra en escena el fiscal. Esta persona es la encargada de dirigir la investigación, tomar decisiones procesales y determinar si se formaliza o no al menor.
Pero en estos casos, el fiscal no solo actúa como acusador. También debe velar porque se respeten todos los derechos del adolescente. Y eso implica ser especialmente cuidadoso con el trato policial, los tiempos de detención, la notificación a los padres y la evaluación de su entorno.
El fiscal evalúa si corresponde llevar el caso a juicio, o si hay espacio para alternativas como una salida temprana, una reparación o un compromiso de conducta. Siempre debe considerar la edad, los antecedentes del menor y el impacto del hecho.
¿Tienen derecho a defensa legal los menores acusados?
Sí. Y este derecho es irrenunciable. Todo menor que enfrente un proceso penal tiene derecho a un abogado defensor especializado, desde el primer momento.
Si la familia no puede pagar uno, el Estado lo proporciona a través de la Defensoría Penal Pública Juvenil, que tiene profesionales con experiencia en este tipo de casos.
El defensor no solo actúa en el juicio. Acompaña desde el inicio: explica lo que está pasando, revisa si hubo irregularidades, asesora a la familia y busca proteger al menor en cada audiencia.
A veces, la diferencia entre un buen resultado y una condena injusta está justamente en eso: tener un defensor presente desde el principio.
Medidas cautelares aplicables a adolescentes: ¿pueden ir a prisión?
Una duda que surge a menudo es si un menor puede quedar detenido mientras dura el proceso. La respuesta es que sí, pero solo en situaciones muy específicas. Y nunca en una cárcel común.
La ley establece que las medidas privativas de libertad deben ser la última opción. Antes de llegar a eso, hay otras formas de asegurar que el menor esté disponible parael juicio, como por ejemplo:
Asistir a firmar a un centro.
- Quedar con arresto domiciliario total o parcial.
- Prohibición de acercarse a ciertos lugares o personas.
- Participar en programas de intervención o reinserción.
Solo si hay peligro real de que el menor se fugue, destruya pruebas o ponga en riesgo a otros, se puede solicitar su internación provisoria en un centro cerrado del SENAME o del actual Servicio Mejor Niñez.
Protección de la identidad del menor: ¿se puede divulgar su nombre o imagen?
No. Y esto no admite excepciones. La identidad de cualquier menor involucrado en un proceso penal está protegida por ley. Da lo mismo si es culpable o inocente. Su nombre, su rostro, su domicilio y cualquier otro dato que lo identifique no pueden ser publicados ni difundidos.
Tampoco se pueden compartir imágenes en redes sociales, ni hacer publicaciones donde se exponga indirectamente su identidad. Esta protección está pensada para evitar el daño social y emocional que puede causar ser señalado públicamente en una etapa tan vulnerable.
Incluso los juicios donde hay menores imputados tienen restricciones de acceso. No son abiertos al público y solo pueden asistir las personas directamente involucradas.
Alternativas a la sanción penal: reinserción, mediación y programas sociales
No todo termina en condena. Muchas veces, dependiendo del delito y del perfil del joven, se puede optar por salidas alternativas que no implican juicio ni sentencia.
Algunas de esas opciones son:
- Suspensión condicional del procedimiento: el proceso se congela mientras el menor cumple ciertas condiciones (como estudiar, ir a terapia, evitar ciertos lugares).
- Reparación del daño: cuando el joven asume lo que hizo y se compromete a compensar a la víctima de alguna forma.
- Derivación a programas sociales: que buscan trabajar los factores de riesgo que llevaron al delito (abandono escolar, consumo de sustancias, violencia familiar, etc.).
El objetivo es claro: que el adolescente no quede marcado de por vida por un error. Que tenga la posibilidad real de cambiar el rumbo antes de llegar a la adultez con antecedentes penales.
¿Qué derechos tiene la familia del menor durante el proceso judicial?
Cuando un hijo enfrenta una acusación por robo, la familia también se ve golpeada. Y muchas veces no sabe qué puede hacer o hasta dónde tiene acceso. Pero lo cierto es que los adultos responsables también tienen derechos.
Entre ellos:
- Ser informados de inmediato si el menor es detenido.
- Participar en las audiencias cuando la ley lo permite.
- Recibir orientación jurídica, psicológica o social, si lo solicitan.
- Conocer el estado del proceso y las decisiones que se están tomando.
Además, el tribunal puede considerar el nivel de compromiso familiar al momento de decidir medidas cautelares o salidas alternativas. Por eso es clave que los padres o tutores se involucren desde el principio, que pregunten, acompañen y se informen.
¿Tu hijo o alguien cercano enfrenta una acusación por robo?
Cuando un menor es acusado de un delito, todo se desordena. Aparecen la vergüenza, el miedo, la rabia. Y a veces, el silencio. Pero lo que más se necesita en ese momento es información. Saber qué está pasando. Qué derechos tiene el joven. Qué se puede hacer.
Si estás pasando por una situación así, o conoces a alguien que sí, no lo enfrentes solo. Nosotros podemos ayudarte. Orientarte paso a paso, sin juicios, sin tecnicismos. Solo con claridad y apoyo humano.
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